El año 2025 se cerró con una demostración terrorífica de la situación de colapso y abandono de la sanidad pública. Un simple pico de gripe llevó al desbordamiento completo de los hospitales, con pasillos convertidos en habitaciones improvisadas, trabajadores sanitarios con jornadas interminables por falta de personal, citas imposibles de lograr en la atención primaria y un largo etcétera. Las crónicas de las urgencias eran auténticos partes de guerra. Imposible no recordar la dolorosa experiencia del Covid y sus dramáticas consecuencias sin preguntarse cómo es posible que desde entonces solo se haya profundizado aún más el deterioro, la privatización y el maltrato a todo el personal sanitario del que dependen nuestras vidas cuando caemos enfermos.
Huelga de médicos: la voz de alarma de una sanidad pública devastada
Los escándalos de casos como el del cribado de cáncer de mama en Andalucía o el del Hospital de Torrejón fueron ejemplos tomados por la ministra de Sanidad, Mónica García, para culpar al PP del estado de la sanidad pública en las comunidades que gobiernan. Pero la movilización y la huelga de médicos y facultativos en todo el Estado han mostrado que, lamentablemente, esta situación ruinosa no es patrimonio del Partido Popular.
Esta huelga de cuatro días que arrancó el 9 de diciembre con un seguimiento histórico en su primera jornada —entre un 85 y un 90% según la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos—mostró el profundo hartazgo en el sector y el potencial para levantar un gran movimiento en defensa de la sanidad pública a nivel estatal.
Sin embargo CCOO, UGT, SATSE-FSES, CSIF y CIG-Saúde, en lugar de basarse en el impulso que suponían esos días de huelga y dar un paso adelante en la movilización haciendo además un llamamiento a todo el personal sanitario para unirse a la pelea por una mejora general de las condiciones laborales de todos los profesionales y defensa de la sanidad pública, alcanzaron un preacuerdo con el Ministerio sobre el nuevo Estatuto Marco, desconvocando la huelga indefinida que habían anunciado a partir de enero.
Este preacuerdo y esta decisión de frenar en seco la movilización fue tomada a espaldas del Comité de Huelga Nacional —integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O'MEGA en Galicia— a pesar de no contemplar las principales reivindicaciones de los médicos.
Una de ellas es la regulación de las guardias, que ahora son obligatorias y derivan en jornadas de 24 horas, un auténtico peligro para los pacientes que son atendidos en un estado de agotamiento extremo. No solo eso sino que además estas horas se pagan por debajo de las horas “normales” y no cotizan a la seguridad social. Los médicos exigen una jornada máxima de 35 horas semanales, la prohibición de la movilidad forzosa y un sistema de jubilación anticipada voluntaria, con coeficientes reductores que compensen la penosidad y peligrosidad de su labor, especialmente del trabajo nocturno y las guardias.
Según la ministra de Sanidad, el nuevo Estatuto Marco es un “paso histórico” pero los convocantes de las protestas lo desmienten: se ha pasado de guardias de 24h seguidas a 17h, pero estas se pueden ampliar a 24h siempre que existan razones organizativas, y además no computan para la jubilación. Las jornadas semanales que antes eran de 48h, pasan a 45h de promedio en un cómputo cuatrimestral que puede llevar a trabajar una semana 45 horas o más y ser compensadas más tarde, y también que cuando no sea suficiente para cubrir los servicios, tendrán que trabajar otras 150 horas anuales por “necesidades de servicio” y de “forma voluntaria”— una “voluntariedad” que lleva muchos años convertida en norma por la falta de contratación de nuevos profesionales y que inevitablemente conlleva problemas para descansar y poder conciliar como denuncian los facultativos—.
Parece que tampoco ha caído la ministra en la cuenta de que el punto central que tampoco recoge el nuevo Estatuto Marco es la contratación masiva de personal y dedicar más recursos con este fin a la sanidad pública: esa es la única forma para garantizar condiciones dignas a los médicos y al resto de personal sanitario, para acabar con las jornadas extenuantes y dar la atención que merecen los pacientes, cerrando así el paso al avance de la sanidad privada.
¿“Clasistas” por hacer huelga?
Otra de las reivindicaciones más señaladas de los médicos movilizados es la de la recategorización y la elaboración de un estatuto propio que les distinga del resto de personal sanitario. Curiosamente, este aspecto ha sido utilizado por la ministra García para acusarles de clasismo y elitismo. ¡Nunca habíamos visto al Gobierno tan preocupado por las divisiones dentro de los diferentes profesionales del sector sanitario!
Evidentemente, los médicos asumen una gran responsabilidad y lo hacen en condiciones de agotamiento y sin los medios necesarios ni el personal necesario, con el enorme peligro que esto implica ya que hablamos de vidas que están en juego. Esto se debe a que la sanidad pública ha llegado a un estado de demolición crítico. Por supuesto, los médicos no son los únicos que padecen estas condiciones. Todo el personal sanitario lo sufre y mucho. La pandemia lo puso de una forma clarísima sobre las mesa. Desde el personal de enfermería totalmente maltratado, hasta los celadores, pasando por las trabajadoras de la limpieza a las que se obligaba a exponerse a la enfermedad en las condiciones que todos conocemos y cuando caían enfermas les daban la baja por “enfermedad común” en lugar de baja por enfermedad laboral, pagándoles menos por esos días. Un maltrato constante ¡pero muchos aplausos a su labor! Hay que recordar a la ministra que el reconocimiento está muy bien pero con los aplausos no se trabaja en mejores condiciones, ni se come, ni se descansa, ni se concilia.
La situación general del personal sanitario, que se regula en el Estatuto Marco, está condenada a seguir igual de mal con los cambios que Mónica García tanto celebra. Y los grandes sindicatos han firmado este fraude que no cambia en nada el problema de fondo que es el desmantelamiento de la sanidad pública. Los médicos en cambio, no se han contentado con esto y por ello el Comité de Huelga continúa con los paros indefinidos y las manifestaciones por unas mejores condiciones. Lo hacen solos porque los sindicatos que aglutinan al resto de trabajadores han dicho ¡que no hace falta seguir la huelga! Debe ser que les parece que todo está ya solucionado.
Hay que hablar claro, eso no es clasismo, sino rebelarse ante unas condiciones completamente lamentables y que ponen en riesgo nuestras vidas ¡bravo por eso! Si los dirigentes sindicales de CCOO y UGT llamaran a la movilización unitaria de todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, en primer lugar esta sería la forma de enfrentarse y combatir con eficacia cualquier conato de corporativismo que pudiera darse entre los médicos y seguramente a Mónica García no le gustaría tanto la unidad: sobre todo porque la respuesta sería tremenda, como han demostrado todas las movilizaciones en defensa de la sanidad pública que se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el Estado, incluyendo, por supuesto a los usuarios. Pero visto el posicionamiento de los dirigentes de los grandes sindicatos ¡menos mal que salen a la huelga los médicos!
La demagogia de la extrema derecha ante el abandono de la izquierda
Esta lucha ha desenmascarado el fraude de la política sanitaria del Gobierno, que no es de izquierdas y que no hace nada para revertir el proceso de privatización y sus dramáticas consecuencias. Por mucho que digan defender lo público, y que son la alternativa al avance de la extrema derecha, los hechos hablan en sentido contrario. Cualquiera que pida cita con su médico de cabecera, pida ir al especialista, esté esperando por una operación o vaya a urgencias lo puede comprobar.
Por eso, para contraponer toda esta mala prensa, el Ministerio de Sanidad ha presentado el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud para, según Mónica García, “proteger nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras” de las empresas privadas sanitarias y derogar la ley 15/97. Un deseo que todos los que defendemos la pública compartimos ya que la privatización ha llegado muy muy lejos: casi una tercera parte de los hospitales públicos están gestionados por empresas privadas. A día de hoy 145 centros privados hacen negocio con el SNS, 39 más que en 2011 y se han perdido, en el mismo periodo, 19 hospitales públicos.
No obstante, aunque la letra del anteproyecto busca “priorizar” la gestión pública del Servicio Nacional de Salud (SNS), no prohíbe la gestión indirecta ni tiene efectos retroactivos. Esto quiere decir que los contratos existentes con empresas privadas como Quirón continuarán. Y ni siquiera es seguro que salga adelante, ya que las cuentas están muy ajustadas en el Congreso de los diputados. No sería raro que a pesar de todas sus limitaciones, este anteproyecto termine en el mismo cajón que la derogación de la Reforma Laboral o la derogación de la Ley Mordaza.
Este abandono de los médicos por parte del Gobierno y de los sindicatos de clase está además siendo utilizado por la extrema derecha para esparcir su demagogia, también en este frente. Según recoge la web de AMYTS, hace unos días tuvo lugar una reunión entre la Agrupación por el Estatuto Médico y del Facultativo (APEMYF) y el grupo parlamentario de VOX, en la que se discutió sobre la posibilidad de que en las CCAA donde estos gobiernan o tienen un peso decisivo puedan poner en marcha medidas en representación de los médicos y en la que también “manifestaron su apoyo al Estatuto del Médico y del Facultativo como instrumento para fortalecer la sanidad pública”. Increíble.
El Ejecutivo de Ayuso en Madrid también ha querido poner su granito de arena al desgaste del Gobierno central. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, calificaba el nuevo Estatuto Marco de Mónica García de “disparate”, de ser “lesivo- regresivo” y de que “no deja horas de descanso suficientes”. El nivel de demagogia podrida de Ayuso y su Gobierno no tiene límites; es increíble que en la comunidad que puso en pie de guerra a la sanidad pública con sus médicos a la cabeza y movilizaciones de en torno al millón de personas hace unos años por la situación ruinosa que atravesaba, desde su Gobierno se atrevan a hablar ahora de esta forma.
Mienten más que hablan. Ya sabemos que ellos son los más acérrimos defensores de la privatización, de los negocietes, y de la precariedad para todo el sector sanitario, pero lo que tratan de hacer es recoger ese descontento que es real y que es profundo y totalmente justificado para avanzar en sus posiciones.
Lo realmente terrible es que el Gobierno del PSOE-Sumar y los dirigentes de CCOO y UGT no tengan para presentar nada más que declaraciones de intenciones y reformas decepcionantes que, en esencia, lo dejan todo igual. Para defender la sanidad pública y a sus profesionales, a todos ellos, es necesario unir fuerzas y levantar un gran movimiento estatal, implicando a los usuarios, exigiendo la reversión de los recortes y la privatización, un plan de choque para recuperar todo lo que nos han robado en las últimas décadas. Una política de izquierdas de verdad, en la que la salud esté por encima de los intereses de las empresas y en la que trabajar en el sector no sea un acto de solidaridad militante, sino que cuente con unas condiciones dignas. Solo así podremos salvarnos de futuros desastres y de las garras de quienes solo quieren traficar y hacer caja con nuestras necesidades más básicas.
