Ayuso privatiza y prohíbe la protesta en la universidad pública. ¡Hay que impedirlo!

Isabel Díaz Ayuso nos ha declarado la guerra. Con su nueva Ley de Universidades, el Gobierno del Partido Popular pretende acabar con la Universidad pública y poner una mordaza al movimiento estudiantil.

En lugar de depender de los presupuestos públicos que todos pagamos con nuestros impuestos, el 30% de los recursos de las universidades públicas madrileñas deberán ser obtenidos de empresas privadas. Esto quiere decir que las universidades tendrán que depender de empresas, multinacionales y fondos de inversión para seguir funcionando, con implicaciones muy negativas: se suprimirá oferta de carreras, se empeorarán las condiciones laborales y se dejará de contratar profesorado imprescindible, y aumentarán las tasas, todo para elitizar aún más los campus y expulsar a los jóvenes de familias trabajadoras.

La ley de Ayuso es un paso trascendental para privatizar la universidad pública madrileña y ponerla a merced de los intereses empresariales, de los mismos que se están forrando con la construcción de residencias universitarias privadas, de la especulación con la vivienda, del negocio suculento de la sanidad privada, de los salarios de miseria y la precariedad.

Otro aspecto de la Ley Universitaria del PP es el incremento salvaje de la represión contra el movimiento estudiantil. ¡Pretende ilegalizar el derecho a la protesta al más puro estilo trumpista! Multas de hasta 300.000 euros por participar en una manifestación en las facultades, 25.000 euros por colgar una pancarta, denuncias penales por hacer actos antifascistas, supresión de la crítica y de la libertad de expresión…

Se trata de imponer un régimen totalitario dentro de las aulas persiguiendo a los estudiantes que legítimamente luchamos contra el genocidio sionista, denunciamos la violencia machista o los discursos de odio de la ultraderecha. El procesamiento contra nuestras 7 compañeras de Somosaguas que protestaron contra el acto del fascista de Espinosa de los Monteros es el modelo. Nos quieren amordazar como en los peores tiempos del franquismo y hacer de los Campus auténticos estados policiales.

¡Todas a la huelga los 26 y 27 de noviembre!

Este plan de Ayuso está siendo permitido por el Gobierno central del PSOE-Sumar, que además de negarse a revertir los recortes y las privatizaciones de nuestros servicios públicos sigue permitiendo que Ayuso haga lo que le dé la gana.

Tenemos que frenar los planes de Ayuso en seco, y tenemos la fuerza para hacerlo. Por eso los próximos 26 y 27 de noviembre las estudiantes, docentes y trabajadores y trabajadoras de las Universidades Públicas de la CAM vamos a la huelga universitaria. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea masiva y se sienta con fuerza en todo Madrid.

Esta gran huelga es un primer paso contundente para seguir tejiendo una red de unidad de todos los sectores (educación, vivienda, transporte, sanidad…) que confrontamos con Ayuso, y caminar hacia una huelga general de todos los servicios públicos en la CAM. Ni un segundo de tregua a este Gobierno infame.

Desde el Sindicato de Estudiantes luchamos por:

• ¡Abajo la Ley de Universidades de Ayuso, el PP y Vox! Universidad pública, de calidad y gratuita: Eliminación de las tasas. ¡Fuera el negocio empresarial de nuestros campus!
• Ni un euro público a la educación privada. Incremento drástico de los presupuestos para la universidad pública, alcanzando un mínimo del 2% del PIB.
• Mantenimiento de todas las titulaciones, grados y másteres garantizando el 100% de la financiación pública. Promoción de líneas de investigación y planes de estudio que respondan a necesidades sociales, no al mercado privado.
• Habilitación de 50.000 pisos públicos para estudiantes no superiores al 20% del SMI. Basta de enriquecer a rentistas y especuladores.
• Basta de privatizar los servicios de cafetería, librería y limpieza: condiciones laborales dignas para todos los trabajadores.
• Contratación de 1.500 profesores fijos en las universidades públicas de Madrid: pongamos fin a la temporalidad y la precariedad laboral.
• Presupuesto de 500 millones de euros para rescatar la Universidad pública: renovación de infraestructuras, materiales en aulas, laboratorios, mantener prácticas y salidas.

Basta de represión contra el movimiento estudiantil. Derogación de todas las medidas represivas contra el movimiento estudiantil. Archivo inmediato de todas las causas judiciales contra quienes nos movilizamos contra los discursos de odio de la extrema derecha.