Al igual que otros grandes acuerdos entre Gobierno y sindicatos, el “Plan contra la temporalidad en el empleo público”, impulsado por el exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, no es más que humo y solo contribuirá a perpetuar la temporalidad laboral y el deterioro en los servicios públicos.

El acuerdo firmado el pasado mes de julio es otro intento de engañar al personal interino y al conjunto de los empleados públicos. Tal y como explicamos en anteriores artículos [1], no reducirá la escandalosa tasa de temporalidad del 30% en el sector público.

El denominado “plan Iceta” permitirá, por ejemplo, que a los tres años un interino pueda ser despedido con solo 20 días de indemnización por año trabajado (hasta un máximo de 12 mensualidades), o que otro con la fase de oposición aprobada se quede fuera si no alcanza los 10 años mínimos de trabajo que se exigirán. Asimismo se pretende generalizar el sistema de baremación de 60% para la fase de oposición (el examen propiamente dicho) y 40% para la fase de concurso (la valoración de los méritos), ya utilizado en el acceso, por ejemplo, a la función docente y que sigue dejando sin plaza a miles de interinos y a miles de opositores bien preparados.

La estrategia de los dirigentes de CCOO, UGT y CSIF ha sido obviar las reivindicaciones de los interinos y los trabajadores temporales del sector, que han impulsado grandes manifestaciones en los últimos meses principalmente a través de nuevas plataformas. Estos dirigentes se han dado mucha prisa en firmar este acuerdo a espaldas de los trabajadores y durante el verano, para tratar de evitar que las protestas se les escapen de las manos.

La estrategia de CCOO, UGT y CSIF: dividir y engañar

Los 3,3 millones de trabajadores del sector público (el 20% del total de los asalariados) son un ejército poderoso y con grandes tradiciones de lucha. En la última década, tras los salvajes recortes que llegaron con la crisis del 2008, las mareas verde y blanca, así como muchas plataformas de trabajadores públicos, mostraron el enorme descontento y la voluntad de luchar por unos servicios públicos de calidad, abarrotando las calles de todo el Estado mientras los dirigentes de los principales sindicatos llamaban a la calma, a “arrimar el hombro” entre falsas promesas de vuelta a la normalidad cuando finalizase la crisis.

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Los trabajadores del sector público abarrotando en la última década las calles de todo el Estado mientras los dirigentes de los principales sindicatos llamaban a la calma.

Diez años después seguimos esperando esa varita mágica que nos prometían. Incluso, durante la pandemia, ante la saturación del sistema sanitario y la carnicería producida en muchos hospitales y residencias, y ante la especulación de la sanidad privada, los dirigentes de CCOO, UGT y CSIF no movieron un dedo, manteniendo su actitud de colaboración y sumisión con el Gobierno de coalición. Y ahora, siguen empeñados en la estrategia de la propaganda, del engaño, de la colaboración de clases y de la división, guardándole las espaldas al Gobierno y salvaguardando la “paz social”.

Por un lado, intentan comprarnos con los aumentos salariales; nos quieren convencer de que el incremento del 2% contemplado en los nuevos presupuestos es un gran avance, cuando ni siquiera compensa la pérdida de poder adquisitivo de la última década ni la que se avecina (con la inflación actualmente en el 4%). Por otro lado, llevan meses fomentando la división entre los trabajadores, haciendo campañas públicas para que los trabajadores interinos y temporales estabilicen su empleo (completamente necesario), pero dejando en la cuneta a los cientos de miles de opositores y a los trabajadores con plaza, cada vez más desbordados en unos servicios públicos colapsados.

Un ejemplo claro es el sector educativo, uno de los que emplean a más trabajadores en el ámbito público (más de medio millón). Ante los salvajes recortes sufridos este curso, con las medidas higiénico-sanitarias aún en vigor, con 35.000 docentes menos, con la vuelta a las ratios de más de 30 alumnos por aula, con la privatización de la FP, con la ausencia de psicólogos y psicólogas en los centros que puedan responder a la crisis en la salud mental de los estudiantes... CCOO, UGT y CSIF han priorizado la campaña por la reducción de la temporalidad sobre cualquier otro asunto, y esto ha generado malestar entre una capa de docentes en un momento especialmente difícil en las aulas.

Además, su actitud ha sido la de negociar en los despachos sin un plan de lucha firme y decidido democráticamente en los centros de trabajo, e ignorando las múltiples movilizaciones organizadas al margen de las centrales sindicales por plataformas de interinos en diversas localidades.

Esta estrategia, además de crear división, es completamente estéril ya que no va al fondo del problema: mientras no haya un aumento radical en la inversión será imposible garantizar la estabilidad en el empleo, ya que la administración no convierte en fijas las plazas que va a suprimir por recortes en el servicio.

Por supuesto que es justa y totalmente necesaria la reivindicación de que los interinos pasen a ser fijos, pero debe ir vinculada tanto a una movilización decidida, sin la cual las negociaciones estarán abocadas al fracaso, como a otros asuntos urgentes, sobre todo, a la falta de recursos. Los nuevos presupuestos, aún por aprobar, hablan de un gasto social récord, pero el aumento de la partida destinada a educación es solo del 2,6%, con lo que será imposible alcanzar el 8% de temporalidad exigido por Europa y prometido por Iceta, o reducir las ratios en los centros de estudio.

Plantear la lucha para acabar con la temporalidad en el empleo público al margen del resto de reivindicaciones urgentes, y sin un plan de movilización supone rendirse antes de dar la batalla. La ausencia de recursos es el origen de la precarización general de todos los servicios y ese debe ser el punto central. Tras una pandemia leyendo titulares de prensa sobre los beneficios récord de las grandes empresas, sabemos de sobra que hay dinero: lo que necesitamos es un plan de lucha contundente, unificado en todo el Estado y decidido democráticamente en los centros de trabajo en asambleas, que exija un aumento radical de la inversión en los nuevos presupuestos y la estabilización completa del empleo.

Las oposiciones: un negocio suculento

Uno de los puntos de debate y división más importante entre las trabajadoras y trabajadores públicos es el duro sistema de oposiciones. Aunque cada rama tiene un sistema de acceso diferente, y los exámenes también pueden variar, la tónica general es que se trata de una auténtica odisea en la que siempre se quedan fuera quienes disponen de menos recursos.

El primer factor excluyente son los requisitos de acceso. En algunas oposiciones masivas, como las de educación, se exigen titulaciones de máster para poder participar. El precio de esos másteres oscila entre los 1.500 y los 2.000 euros en la universidad pública (las plazas suelen ser completamente insuficientes) y los 4.000, 5.000 o 7.000 euros de la universidad privada. Hoy, estudiar un máster está al alcance de pocos: según el informe Ser estudiante universitario hoy, de la Xarxa Vives d’Universitat, solo un 10% de los universitarios son de clase trabajadora.

El sector de las academias que preparan oposiciones, donde se matriculan cientos de miles cada año, es seguramente el único sector educativo 100% privado y una fuente suculenta de negocio. No existe ni un solo ente público de preparación de exámenes de oposición y no existe ningún tipo de beca.

Los datos sobre costes y duración de la preparación están falseados por las principales academias con el objetivo de conseguir más alumnos. Según Emagister [2], los médicos tardan entre cuatro y seis meses en conseguir una plaza, gastando de media 2.000 euros, mientras que los docentes dedican entre nueve y doce meses para sacar una plaza con un coste de 135 euros mensuales.

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El sector de las academias que preparan oposiciones, donde se matriculan cientos de miles cada año, es seguramente el único sector educativo 100% privado y una fuente suculenta de negocio.

Sin embargo, la realidad es bien distinta: los costes se multiplican si tenemos en cuenta que muchos candidatos reducen su jornada laboral o dejan el empleo para poder prepararse, que muchos deben desplazarse largas distancias para acudir a academias y que cientos de miles empeñan años de su vida para, en muchos casos, no obtener plaza.

La competencia es atroz, y ni siquiera todos los candidatos que han podido prepararse concienzudamente consiguen su plaza: este año 150.000 personas compitieron por 3.383 puestos de Correos, en 2017, 38.000 para solo 400 plazas de auxiliar administrativo del Estado (950 por plaza).

Esta situación y la naturaleza 100% privada del sistema preparación provoca que se haga negocio con absolutamente todo: las academias —sobre todo las más grandes, como Postal o Premir— recaudan cientos de miles de euros cada año con las cuotas mensuales y la venta de materiales; los preparadores privados, que son un fenómeno muy extendido y con unos precios aún más elevados; en internet, donde se especula con temarios, apuntes y otros materiales cuyo precio puede oscilar entre los 100 y los 2000 euros [3].

Crear un sistema público de preparación de oposiciones es absolutamente necesario, pero ni siquiera está contemplado por los principales sindicatos. Hay estructuras y espacios suficientes para hacerlo: institutos, facultades o las propias academias, que deben ser nacionalizadas y pasar inmediatamente al sistema público garantizando todos los puestos de trabajo.

El sistema de acceso: un filtro para mantener la precariedad

Los servicios públicos son una conquista de la clase trabajadora, pero a los ojos del sistema capitalista y sus instituciones políticas, un gasto inútil, un derroche, ya que el dinero que se destina para educación, sanidad o transporte bien podría contribuir a engordar los bolsillos de los grandes empresarios. En tiempos de crisis económica esta situación se agudiza y el Estado recorta los servicios públicos para poder “ahorrar” y que las grandes empresas mantengan su tasa de ganancia. En este proceso, el sistema de oposiciones juega un papel clave.

¿Cómo se puede mantener a miles de médicos, profesores, abogados, administrativos en el paro cuando hay una necesidad urgente de aumentar personal en todos esos servicios? Intentando convencerlos de que no tienen la formación suficiente, de que no valen. Licenciados, graduados, titulados con máster y doctorado, interinos con años de experiencia... ¿no tienen las competencias suficientes para poder desempeñar un empleo? Es obvio que el sistema de oposiciones actual responde exclusivamente a la necesidad de impedir que centenares de miles de personas cubran unos puestos de trabajo socialmente necesarios.

Para ello se establece un sistema de examen que no prima las habilidades del candidato para desempeñar un trabajo, sino la memorización de contenidos. Los temarios de las oposiciones son completamente inabarcables, de manera que la mayor parte de los opositores estudia lo que puede y se lo juega todo al sorteo de temas. Aquellos que puedan dedicar su jornada completa a hincar el codo durante años tendrán más posibilidades de pasar el filtro, aquellos que trabajen, como los interinos, lo tendrán muy complicado.

Es necesario reivindicar un nuevo sistema de acceso en el que los candidatos puedan demostrar sus competencias reales en el ámbito correspondiente con pruebas esencialmente prácticas, y no “vomitar” lo que se ha aprendido; en pocos puestos de trabajo se necesita saber de memoria cientos y cientos de páginas.

Para que los candidatos puedan recibir una valoración justa y objetiva hace falta contratar a más personal para los tribunales que evalúan, quienes con frecuencia no disponen del tiempo necesario para hacerlo. Urge también actualizar los temarios (algunos son de los años 80) y reducirlos, ya que a menudo incluyen contenidos de relleno. Asimismo es urgente que se eliminen los sorteos de temas, una práctica cruel y muy extendida que provoca que miles de candidatos con una preparación profunda se queden fuera.

Por otro lado, el sistema de baremación de méritos —la denominada fase de concurso— es completamente desproporcionado en muchas especialidades y con frecuencia tampoco responde a la necesidad de evaluar las competencias del candidato para el trabajo a desempeñar, sino que funciona como un segundo filtro. A menudo se puntúan igual la formación privada y la pública, y los años de trabajo como interino o sustituto son habitualmente un factor determinante que crea una barrera infranqueable para los candidatos que nunca han trabajado.

Por ejemplo, en el ámbito educativo, la fase de oposición tiene un peso del 60% y con un 5 se accede a la fase de concurso (este filtro deja fuera a una gran mayoría de candidatos), que barema un 40%. En ese concurso es posible obtener una nota de 7 con haber trabajado 7 años como sustituto y sin tener ningún otro mérito baremable; en cambio, quien ha trabajado en otros ámbitos, no ha podido hacer ningún curso o, simplemente, no tiene ningún otro mérito, se quedará, casi con total seguridad, sin plaza. ¿Este sistema garantiza que las personas más preparadas obtengan plaza? Si la fase de oposición fuese objetiva y puramente competencial no sería necesario una segunda fase de concurso o este podría ser solo una manera de decidir cómo se repartirán los destinos entre los candidatos.

Hay que reivindicar un sistema justo para los interinos, y para el resto de trabajadores o estudiantes que intenten obtener un empleo público. Lo fundamental es que las necesidades sociales son muchas y que los candidatos que están capacitados y se han preparado tienen sitio: hacen falta miles de médicos, miles de profesores, miles de carteros, miles de bomberos, miles de enfermeros… Un Gobierno realmente de izquierdas reconocería y garantizaría la estabilidad laboral que reclaman los interinos, a la vez que ofertaría las miles de plazas necesarias para garantizar un servicio de calidad.

Por un sistema justo de consolidación del empleo

La situación laboral de los trabajadores y trabajadoras temporales es especialmente complicada. Muchos interinos aprobaron la oposición hace ya mucho tiempo (un 75% tiene más de 50 años), pero otros muchos nunca llegaron a aprobar ese examen, algunos por el injusto modelo de examen, otros porque no pudieron estudiar.

Con el “plan Iceta” se contempla que todos los que llevan más de 10 años, sin distinción, pasen a ser fijos. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que aprobaron la fase de oposición y llevan menos de 10 años trabajando? ¿Y con la formación que se necesita para esos interinos? El acuerdo es una chapuza y además fomenta la división entre los trabajadores. Es un escándalo que CCOO, UGT y CSIF lo hayan firmado.

Hace falta un sistema justo, que contemple los múltiples caminos por los que los trabajadores han llegado a su puesto de trabajo y se adapte a sus necesidades específicas. En lo que respecta a los interinos, que han sido utilizados por el Estado para ir eliminando las plazas que están cubriendo cuando deciden “ahorrar costes”, deben pasar a ser fijos de inmediato. Además, es imprescindible que, una vez que pasen a ser funcionarios, se les garantice una formación de calidad y gratuita, que les permita ejercer su trabajo en las mejores condiciones.

De la misma manera, hay que reivindicar un nuevo plan de formación permanente para el conjunto de trabajadores públicos, con independencia del tiempo que lleven en su puesto, que contemple una liberación horaria suficiente para poder garantizar que se lleve a cabo con la máxima calidad educativa y que no siga siendo, como sucede a menudo, un mero trámite. Para ello la administración tiene que destinar muchos más recursos. Un servicio público de calidad requiere una plantilla bien formada y en actualización constante.

En cuanto a los sustitutos, llamados a trabajar por diferentes periodos de tiempo a partir de bolsas o listas (algunos nunca llegaron a presentarse a un examen de oposición), hay que garantizar que puedan recibir una preparación completa de forma gratuita para concurrir a las oposiciones en igualdad de condiciones y, sobre todo, un subsidio específico para los periodos en los que no están haciendo sustituciones.

Los dirigentes sindicales no pueden defender ni los atajos ni soluciones parciales. Para todos, interinos o no, es una odisea poder obtener una plaza en el sector público y lo fundamental es una transformación completa del sistema de oposiciones que garantice la universalidad del acceso, la objetividad de las pruebas y la calidad de los servicios.

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Un Gobierno realmente de izquierdas garantizaría la estabilidad laboral que reclaman los interinos, a la vez que ofertaría las miles de plazas necesarias para garantizar un servicio de calidad

Para lograrlo no hay otro camino que la unificación de todas las luchas en el sector público, de interinos y de trabajadores que se han movilizado ya contra la falta de recursos y de personal. Hay que pasar a la acción. La convocatoria para el 28 de octubre de huelga general estatal del sector público impulsada por diferentes sindicatos (CGT, Co.bas, IAC, Cut…) es un paso adelante para unificar la lucha y tiene que ser solo el primer paso para llevar a cabo una lucha firme contra los recortes, por un aumento drástico de la inversión y por unas condiciones laborales dignas para todos y todas. No podemos aceptar ni un paso atrás.

Notas

1 No al acuerdo sindicatos-Iceta. Los interinos pagan el precio de un pacto a sus espaldas
El negocio (no siempre limpio) de preparar a los opositores
3Oposiciones: un negocio millonario (y en gran parte sin declarar)


Teoria Marxista

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