La escalada represiva contra el movimiento obrero continua agravándose en Asturias de manera alarmante, tras el encarcelamiento el año pasado del secretario y el ex secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda, en un juicio amañado que demostró que lo único que se perseguía era dar un castigo ejemplar a los trabajadores para evitar que nos movilicemos. Ahora otro trabajador, esta vez de la UGT puede seguir el mismo camino, de nuevo basándose en la aplicación de la ley antiterrorista.
La escalada represiva contra el movimiento obrero continua agravándose en Asturias de manera alarmante, tras el encarcelamiento el año pasado del secretario y el ex secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda, en un juicio amañado que demostró que lo único que se perseguía era dar un castigo ejemplar a los trabajadores para evitar que nos movilicemos. Ahora otro trabajador, esta vez de la UGT puede seguir el mismo camino, de nuevo basándose en la aplicación de la ley antiterrorista.
Los hechos se remontan a las movilizaciones contra la privatización del astillero IZAR Gijón. Durante el transcurso de una de las movilizaciones la policía cargó contra los manifestantes, provocando un enfrentamiento cuyo balance fue un policía y doce trabajadores heridos. Entre los heridos se encontraba el trabajador ahora acusado.
Por si fuera poco, el juez ha pedido una fianza de 40.000 euros para evitar la prisión preventiva. La dureza y el ensañamiento contra trabajadores que defienden sus puestos de trabajo contrasta vivamente con la tolerancia hacia los empresarios criminales que deterioran constantemente las condiciones laborales, y que han provocado en estos primeros días de enero la muerte de 12 trabajadores. Pero no conocemos ningún caso donde la fiscalía haya pedido penas de prisión para estos desaprensivos, mientras se amontonan las denuncias y condenas contra los trabajadores.
El caso de este compañero es uno más entre muchos en todo el Estado, y ninguno de ellos sucede por casualidad. Es evidente que hay un retroceso claro en los derechos democráticos y sindicales y que la intención es amedrentar a los trabajadores, ahora que la conflictividad social comienza a remontar, anticipándose a las luchas que sin duda veremos en el futuro cercano. El mensaje que se lanza desde el gobierno, actuando como portavoz de los empresarios es claro: que no haya ninguna movilización importante sin un chivo expiatorio, que la lucha nos cueste aún más "cara" que soportar el deterioro imparable de nuestras condiciones de vida. Y para ello están utilizando la ley antiterrorista, algo que en su día ya alertamos que se utilizaría contra el movimiento obrero: ecologistas, asociaciones vecinales y sociales, sindicalistas y trabajadores en general han pasado en el 2007 por los juzgados de todo el Estado, acusados de alterar el orden público, atentar contra la autoridad, etc. En realidad, todos sin excepción, sólo son culpables de ejercer el derecho democrático a la movilización y a la huelga.
Y mientras esto sucede, las direcciones sindicales, especialmente CCOO y UGT, guardan un silencio intolerable. Nadie puede cerrar los ojos a lo que es ya una evidencia, y es que estos hechos ni son puntuales, ni aislados, sino parte de la estrategia general que en el terreno económico se concreta en eventualidad, salarios de miseria y accidentes laborales debido al incremento de los ritmos y horarios de trabajo, y en lo político se expresa a través de la represión más feroz hacia quienes luchan contra esto.
Manifestación contra la represión el 22 de enero
Para frenar esta situación es imprescindible la más amplia movilización a nivel estatal. En el caso de Asturias, la presión ejercida durante el año pasado a raíz de las movilizaciones de solidaridad con los sindicalistas encarcelados ha propiciado que todos los sindicatos, con la excepción de la UGT, hayan convocado una gran manifestación el 22 de enero, para denunciar esta situación, reclamando el archivo de todos los juicios a trabajadores, la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan la actividad sindical y la movilización social, así como el punto 3 del articulo 315 del Código Penal que criminaliza los piquetes y la propaganda de huelga con penas de tres años de cárcel y la derogación de los puntos de la Ley de Partidos y de la antiterrorista que puedan ser usados contra los trabajadores.
Esta será sin duda una movilización importante de cara a comenzar a cambiar la situación en la que nos encontramos. La unidad de todos los trabajadores, y de sus organizaciones para la defensa de nuestros derechos es absolutamente necesaria. El ataque es a todos, como lo demuestra el trabajador de Izar, afiliado a la UGT. El que este sindicato no haya querido sumarse a la convocatoria del 22 es un error tremendo, y una traición a los principios básicos del sindicalismo de clase. Esperamos que rectifiquen en los próximos días esta decisión injustificada.
La movilización de Asturias debe servir de ejemplo en otras zonas, para dar una respuesta coordinada a todos estos atropellos. Pero sabemos que no es suficiente con esto. Si realmente queremos evitar que toda una serie de conquistas sociales y sindicales sean liquidadas por la puerta de atrás, es preciso echar toda la carne en el asador. La huelga general en Asturias es una necesidad urgente, pues no olvidemos que hay más trabajadores y colectivos pendientes de juicio, que afrontan multas y penas de cárcel.
