¡Derrotar el golpe con la movilización de la clase obrera! ¡Acabar con la burocracia corrupta!
El imperialismo ha recrudecido su ofensiva contra el pueblo venezolano tras el fracaso de la provocación organizada el pasado 23 de febrero por Donald Trump y los gobiernos ultraderechistas de Brasil y Colombia, con la excusa de la supuesta ayuda humanitaria.
La estrategia recuerda la utilizada en Chile para derribar a Allende. Trump, sus lacayos latinoamericanos y la oligarquía venezolana esperan que los problemas en la distribución de alimentos, agua y otros bienes básicos causados por el corte de energía eléctrica que ha paralizado Venezuela durante días, unido al criminal bloqueo decretado por EEUU y la Unión Europea, provoquen protestas, saqueos y un caos generalizado que “convenza” a los militares de la necesidad de derrocar a Nicolás Maduro y aceptar un Gobierno títere de EEUU presidido por el golpista de extrema derecha Juan Guaidó.
Guaidó, mostrando qué intereses defiende, ha respondido a los sectores más fascistas de su movimiento, que no dudará en solicitar una intervención militar extranjera “cuando llegue el momento”. Un paso que hasta ahora el imperialismo no se ha atrevido a dar por temor a incendiar toda Latinoamérica y provocar protestas masivas internacionalmente.
El “gran apagón”, el regreso de Guaidó y la nueva estrategia imperialista
El Gobierno de Maduro ha achacado el gran apagón —causante de daños incalculables a la economía venezolana— y las explosiones posteriores en varias instalaciones eléctricas al sabotaje del imperialismo y la ultraderecha. La revista estadounidense Forbes publicaba un artículo señalando que la posibilidad de un ciberataque ha sido discutida por los servicios secretos estadounidenses y resulta “bastante realista” (www.forbes.com, bit.ly/2U3fRTt). Otro medio estadounidense, The New York Times, ha demostrado que la supuesta ayuda humanitaria enviada a la frontera venezolana no contenía ningún medicamento, pese a la campaña mediática culpando al gobierno venezolano de impedir la entrada de medicinas supuestamente destinadas a salvar las vidas de miles de enfermos. Este mismo periódico denunció que el camión con “ayuda humanitaria” incendiado ardió debido a los cócteles molotov lanzados por manifestantes favorables a Guaidó y también acusó a los gobiernos colombiano y estadounidense de ocultar y manipular los vídeos que así lo prueban para culpar al ejército venezolano.
La posibilidad de que Venezuela sufriese un gran apagón (producto del sabotaje o por otras causas) viene siendo planteada por trabajadores del sector eléctrico desde 2009, cuando apagones de mucha menor intensidad y duración llevaron a Hugo Chávez a aprobar un plan millonario de inversiones para modernizar y mejorar la seguridad del sistema eléctrico.
Durante los últimos años, esos mismos trabajadores y diferentes sectores de la izquierda venezolana han denunciado el abandono de esas inversiones por el Gobierno y han alertado de que la corrupción y el saqueo de la empresa estatal eléctrica por parte de la burocracia enquistada al frente de la misma facilitaba la posibilidad de sabotajes, averías, etc. Además, el desarrollo del control obrero en el sector eléctrico —única medida capaz de garantizar su defensa— ha sido frenado e incluso reprimido por la burocracia y el propio gobierno.
Tras las acciones violentas promovidas por Guaidó el 23-F, varios portavoces gubernamentales insinuaron que si volvía a Venezuela sería arrestado y juzgado. Pero volvió y lo primero que hizo fue llamar nuevamente a tomar las calles y derribar al Gobierno. Esto ha generado dudas sobre posibles divisiones en la cúpula estatal y ha animado a sus partidarios.
Aun así, la asistencia a las movilizaciones opositoras ha caído mucho desde el momento álgido que supuso el 23 de enero, cuando sectores de barrios obreros y populares sí participaron significativamente, hartos del colapso económico. Muchos jóvenes y trabajadores han dejado de hacerlo al ver que Guaidó intenta utilizarles como carne de cañón para impulsar el golpe. Esto refleja el instinto antimperialista y revolucionario que sigue existiendo.
Sin embargo, la política capitalista del Gobierno hace que la participación en las movilizaciones que ha organizado esté también a años luz de la marea humana que se manifestaba contra anteriores ofensivas imperialistas bajo los gobiernos de Chávez. La inmensa mayoría de los trabajadores y del pueblo, golpeados por el colapso económico y los efectos de los apagones, no están participando en movilizaciones ni a favor de Guaidó ni del Gobierno, sino luchando por resolver sus problemas inmediatos.
¡Todo el poder político y económico a los trabajadores para acabar con el capitalismo, la burocracia y la corrupción!
Como parte de su política de buscar acuerdos con la burguesía venezolana y los gobiernos burgueses de China, Rusia, Irán o Turquía, Maduro está socavando las conquistas revolucionarias alcanzadas bajo los gobiernos de Chávez. Durante los últimos meses ha aprobado varias medidas regresivas en materia laboral y eliminado, o recortado, conquistas en antigüedad, tabuladores salariales, etc. Esto ha creado un hondo malestar, que se suma al generado por la hiperinflación y otras medidas anteriores.
Guaidó está intentando aprovechar ese descontento. No es casualidad que su ofensiva dentro del movimiento obrero haya empezado por el sector público, donde existe mayor malestar con las medidas del Gobierno. En una reunión con sindicalistas de empresas estatales, Guaidó prometió restablecer las tablas salariales y los contratos colectivos, defender la “libertad sindical”, eliminando todos los despidos “por motivos políticos”, e incluso elaborar una ley para proteger la antigüedad. El líder golpista no dudó en hacer suya la propuesta de varios dirigentes sindicales de convocar paros escalonados hasta llegar a una huelga general.
Desde Izquierda Revolucionaria nos oponemos frontalmente a que los trabajadores sean manipulados por la derecha contrarrevolucionaria y rechazamos esta propuesta de huelga general. Que un golpista de derechas como Guaidó pueda participar en una reunión sindical, lanzar su discurso demagógico y que sea aceptado por parte de los asistentes, refleja lo lejos que ha llegado el malestar con las políticas aplicadas por el Gobierno entre una capa de trabajadores. También evidencia el descrédito de los dirigentes de la central sindical oficialista CBST tras firmar contratos colectivos a espaldas de los trabajadores y permitir el empeoramiento de las condiciones de vida sin mover un dedo por organizar la lucha de la clase obrera.
Luchamos por la derrota de Guaidó, la oligarquía venezolana y el imperialismo. Defendemos el armamento general del pueblo levantando la bandera de la revolución socialista y la democracia obrera. Para lograrlo no podemos tener la más mínima confianza en el gobierno, la burocracia o la oficialidad del Ejército. Sus políticas y corrupción facilitan el camino a la derecha.
Hay que impulsar un frente único de la izquierda que organice asambleas y reuniones en todos los centros de trabajo y barrios para denunciar las maniobras de Guaidó y organizar la lucha contra la burocracia corrupta que habla de socialismo pero aplica medidas capitalistas. Este frente único debe impulsar la formación de comités de acción y autodefensa contra el golpe de forma independiente del gobierno y coordinarlos local, regional y nacionalmente. Sólo la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo con un programa y un plan de lucha que una el combate contra el golpe a la construcción de una economía auténticamente socialista, donde el poder político y económico esté verdaderamente en manos de la clase obrera, y un llamamiento a la solidaridad internacional, podrá acabar con los capitalistas y la burocracia y enfrentar exitosamente los problemas que sufre el pueblo de Venezuela.
