El impacto de la pandemia ha vuelto a exponer de manera descarnada el único rostro posible de la explotación sexual. Sin importar sus vidas, su estado físico, mucho menos el emocional, solo la cantidad de billetes que puedan entrar en los bolsillos de los dueños de los clubes de “alterne”, miles de mujeres son deshumanizadas y sometidas a una violencia salvaje en la infinita lista de burdeles que pueblan ostentosamente la geografía del Estado español. ¿Acaso un virus iba a suponer el más mínimo problema para que proxenetas y puteros siguieran extorsionando a las mujeres empujadas vender sus cuerpos en un burdel o en la calle?

¿El problema con los prostíbulos es la Covid-19?

Ante este panorama, el 21 de agosto la ministra de Igualdad, Irene Montero, reclamaba a las Comunidades Autónomas el cierre de los prostíbulos por ser uno de los principales focos de contagio. Es extraordinariamente grave que el Gobierno de coalición, autodenominado como el “más feminista de la historia”, y en particular el Ministerio de Igualdad, encabezado por Unidas Podemos, pretenda encarar esta realidad como un problema más de salud pública, y no como lo que verdaderamente es: un negocio multimillonario basado en el rapto y la trata de personas, la supresión de derechos y la violación sistémica contra las mujeres más oprimidas de la clase trabajadora. Una lacra social que hay que abolir.

Se presentaba esta propuesta como un paso adelante en la lucha contra la explotación sexual. Nada más lejos de la realidad. Irene Montero se ha limitado a “recomendar” a las CCAA el cierre de los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan pueden conllevar un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”. El resultado ya lo hemos visto: muchos Gobiernos autonómicos, especialmente en los territorios donde la prostitución está estrechamente vinculada al turismo, han mantenido su actividad sin mayor problema y ante la pasividad del Gobierno central.

En ningún momento se cuestiona ni se pretende desmantelar este lucrativo negocio, que opera con la connivencia e impunidad absoluta del aparato del Estado y del resto de instituciones del sistema.

Lo máximo que se propone la ministra Irene Montero es una clausura “temporal” de los burdeles, y que cuando pase la pandemia —o simplemente haya una ligera mejora— todo siga igual. Pero lo más sangrante es la ausencia absoluta de un mínimo plan para sacar a las mujeres prostituidas de las condiciones de miseria y dependencia económica por las que son encerradas en los burdeles o empujadas a la calle para poder sobrevivir. Sin los recursos necesarios que permitan una alternativa a la prostitución, ¿en qué condiciones se les deja con el cierre de los burdeles?

Eso sí, este abandono institucional contrasta con la situación de la mafia proxeneta que, reconocida como gremio empresarial propio desde 2001 por beneplácito del Tribunal Supremo, tendrá derecho incluso a solicitar ERTE al Gobierno. ¡Un absoluto escándalo!

Más violencia e indefensión para las mujeres prostituidas

Según un informe de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), aunque durante el estado de alarma se cerraron clubes de carretera y burdeles, el 80% de la prostitución de estos locales se redirigió a pisos y casas particulares Como indica APRAMP, las prácticas más vejatorias y peligrosas, que muchas mujeres prostituidas en completa indefensión se ven obligadas a aceptar, se han incrementado..

Los “empresarios del alterne” han exprimido aún más esta terrible vulnerabilidad. Al ser la mayoría inmigrantes, condenadas a la “irregularidad” por la Ley de extranjería, sin acceso al sistema público de salud, sin una red familiar o de apoyo y sin más residencia que la habitación que alquilan a los clubes, las deudas con sus explotadores se han disparado.

Por otro lado, el paso de clubes a pisos no ha supuesto ningún obstáculo para que los proxenetas sortearan los efectos del confinamiento e incrementaran sus negocios y la explotación de los cuerpos de las mujeres. La prostitución digital y el tráfico de pornografía han crecido desde marzo un 30% en el Estado español, y los registros de visitas a webs con contenido pornográfico desde el inicio del confinamiento superaron la suma total de visualización de Netflix, Amazon y Twitter juntas .

A pesar de que todo esto es más que conocido, durante estos meses tanto el silencio como la inacción del Ministerio de Igualdad y el Gobierno han sido atronadores.

No solo eso. En un primer momento el Gobierno anunció que tanto las víctimas de trata, como al resto de mujeres en “contexto de prostitución” serían grupos preferentes a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Pero una vez aprobado en el BOE, “las mujeres en contexto de prostitución” quedaron fuera de la redacción ante el silencio absoluto del Ministerio de Igualdad.

En su lugar se delegó en una administración sin recursos el identificar y decidir qué es trata y qué no. Es decir, mujeres que sufren una situación brutal de extorsión económica y abuso, que necesitan de una atención integral y de recursos tanto materiales como psicológicos para salir de su situación, tendrán que exponerse a un trámite largo que ni tan siquiera es capaz de garantizar la confidencialidad. ¿Cómo van a sentirse protegidas las mujeres que están hostigadas por el acoso de su proxeneta, que viven en la pobreza con cargas familiares y estigmatizadas socialmente, o bajo la amenaza de ser expulsadas del país, si en vez de recibir una alternativa inminente son cuestionadas en un examen público?

O es que al Ministerio de Igualdad se le olvida que la mayor fuerza de coacción con la que los explotadores de la prostitución operan es la falta de recursos económicos y la completa ausencia de derechos de estas mujeres. Cerrar los prostíbulos mientras no se combaten radicalmente las condiciones que empujan a las mujeres a la pobreza, precariedad y al desempleo, solo contribuye a mantener intactas las raíces sobre las que la prostitución se fortalece.

¡Abolir la prostitución y defender a las víctimas!

Si el Ministerio de Igualdad y el Gobierno quieren defender a las mujeres que sufren a diario la explotación sexual tienen que dar un giro completo. Empezando por el cierre no temporal, sino total y definitivo de los prostíbulos, y continuando con la incautación de la fortuna personal y patrimonio de los proxenetas, traficantes de personas y beneficiarios de la explotación sexual para invertirlos en garantizar los derechos sociales y económicos de sus víctimas y familias.

¿Cómo? Garantizando un subsidio de desempleo indefinido hasta encontrar un trabajo digno, sin demora ni trabas institucionales; expropiando las casas vacías en manos de la banca para ofrecer una vivienda pública asequible y digna con los suministros básicos de agua, luz y calefacción; garantizando una protección social, sanitaria y educativa a sus hijos e hijas que evite la violencia contra ellos, y devolver la custodia de los hijos a las mujeres que por situación de prostitución se les ha arrebatado este derecho.

El Gobierno de coalición tiene que asegurar la regularización y el derecho a la ciudadanía para todas las prostitutas extranjeras víctimas de la trata, así como garantizar con medios públicos el derecho de reagrupación familiar en el extranjero, y poner fin a las deportaciones. Y, por supuesto, derogar todas las leyes y normativas represivas municipales y estatales que criminalizan a las mujeres en situación de prostitución.