Desde finales de septiembre, las calles de Lima y de todo el territorio peruano han sido testigos de una creciente ola de protestas protagonizadas por la llamada "Generación Z". Los jóvenes, hartos de la corrupción, la represión policial, la precarización laboral y la total inacción del Gobierno frente a la criminalidad, han salido a las calles con pancartas con la "Z" e imágenes de la popular serie One Piece, reivindicando su derecho a un futuro digno.
Esta movilización, que se ha extendido desde el centro de Lima hacia las universidades y barrios obreros, expresa la descomposición del Gobierno peruano liderado por Dina Boluarte, surgido del golpe de Estado organizado el 7 de diciembre de 2022 por la oligarquía peruana y la Embajada de Estados Unidos contra el Gobierno democráticamente elegido de Pedro Castillo.
El 10 de octubre, el Congreso destituyó de manera exprés a Boluarte, que apenas contaba con un 2% de aprobación popular. Asumió su cargo el derechista José Jerí, convirtiéndose en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años. Lejos de calmar las aguas, esta destitución solo ha confirmado lo que las protestas vienen denunciando desde el principio: que todo el sistema político peruano está podrido hasta los huesos. De hecho la aprobación popular del Parlamento que ha nombrado presidente a Jerí es del 1,8%.
La chispa que encendió la llama
El detonante inmediato de esta nueva ola de movilizaciones fue la aprobación de la Ley N.° 32123, que establece la afiliación obligatoria al sistema de pensiones desde los 18 años. Para miles de estudiantes, trabajadores y jóvenes que comienzan su vida laboral, esta medida es un ataque directo. No es casualidad que la juventud peruana la perciba como un robo legitimado por el Estado: las AFP, privatizadas desde la dictadura fujimorista de los años 90, son uno de los instrumentos más odiados por la clase trabajadora peruana.
Sin embargo, no podemos reducir estas protestas a un rechazo puntual. La ley de pensiones fue simplemente la gota que colmó el vaso. Las raíces del descontento son mucho más profundas y se conectan con décadas de saqueo capitalista, precarización sistemática del trabajo y degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población peruana.
Los jóvenes lo dejaron claro en sus convocatorias: "Este Gobierno y este Congreso no nos representan". La juventud peruana vive en un país donde el 27,6% de la población es pobre, donde el desempleo es altísimo y la informalidad laboral supera el 90% de la Población Económicamente Activa. Es una juventud que ha crecido viendo cómo la promesa de la educación superior no se traduce en empleos dignos, sino en precarización y migración forzada.
Una juventud precarizada
Los medios de la derecha han intentado presentar las protestas de la "Generación Z" como una cuestión puramente generacional, desconectada de los sentimientos y demandas del resto de la clase trabajadora peruana. Nada más lejos de la realidad.
La juventud peruana que sale a las calles no es una masa homogénea de estudiantes de clase media con inquietudes abstractas, como intentan presentar los medios del sistema. La gran mayoría de manifestantes pertenece a la juventud obrera y entre los sectores procedentes de las capas medias predominan los más proletarizados y golpeados por las políticas capitalistas. Son jóvenes que trabajan en plataformas digitales sin derechos laborales, que estudian mientras hacen malabares con dos o tres empleos precarios, que viven mayoritariamente en los barrios obreros del norte y sur de Lima donde la inseguridad y el abandono estatal son el pan de cada día. Son hijos e hijas de trabajadores también precarios.
Esta cuestión material es la que explica la radicalidad de sus consignas y la combatividad de sus acciones. Cuando los y las jóvenes dicen "nos cansamos de tener que soportar intereses propios de un Parlamento asqueroso", no están haciendo una crítica abstracta. Están expresando, con sus propias palabras la contradicción fundamental entre una burguesía parasitaria que legisla en su propio beneficio y una clase trabajadora que ve cómo cada reforma, cada ley, cada medida económica no hace sino empeorar sus condiciones de vida.
Del rechazo a Boluarte al rechazo de todo el régimen
Las protestas no comenzaron en septiembre de 2025. Tienen su antecedente directo en el levantamiento masivo que se prolongó varios meses tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando Boluarte, su vicepresidenta, asumió la presidencia. La represión brutal de aquellas protestas dejó más de 50 muertos, en su mayoría jóvenes de las regiones más empobrecidas del país.
Dina Boluarte era una de esos elementos burgueses y pequeñoburgueses “de centro” con los que los dirigentes de Perú Libre (el partido de izquierda que impulsaba la candidatura de Castillo) y muchos asesores de este defendían que era necesario aliarse para ganar la confianza de sectores de la clase dominante y evitar un golpe de Estado. Esta burócrata carrerista sin principios y otros “aliados”, tras reunirse con la embajadora estadounidense en Perú y destacados empresarios y terratenientes, no dudaron en pactar el derrocamiento de Castillo con la extrema derecha de Fuerza Popular (fujimorismo), Renovación Popular (otra formación de extrema derecha liderada por el alcalde de Lima, López Aliaga, que entonces se autodenominaba “el Bolsonaro peruano” y ahora no oculta su fascinación por Donald Trump) y otros partidos burgueses.
Desde entonces, estas fuerzas de derecha y ultraderecha han permitido sobrevivir políticamente durante casi tres años a Boluarte con una minoría parlamentaria precaria. Su plan era que siguiese hasta las elecciones presidenciales y legislativas de abril de 2026, aprovechando su impopularidad y desgaste para presentarse como alternativa. Pero el estallido de la Generación Z y la participación de sectores de la clase obrera como los transportistas (convocando paros y uniéndose a las manifestaciones) les obligó a aprobar su destitución exprés del 10 de octubre y formar un Gobierno de unidad con representantes de varios partidos.
Fue un intento desesperado de estos partidos de derecha de soltar lastre e intentar calmar las calles de cara a las elecciones de 2026, para las que solo faltan seis meses. Pero las y los jóvenes no se dejaron engañar. La asunción como presidente de José Jerí, un elemento despreciable manchado por denuncias de violación sexual, ha sido recibida con un incremento de las movilizaciones.
El 15 de octubre, en el marco de un paro nacional convocado por la Generación Z y el Bloque Universitario, miles de jóvenes volvieron a las calles exigiendo no solo la renuncia de Jerí, sino una transformación profunda del sistema político peruano.
Una represión salvaje
La respuesta del Estado peruano a las movilizaciones juveniles ha sido la represión más brutal. El caso de Luis Reyes Rodríguez, rapero de 28 años conocido como Flipown, es un reflejo de la violencia estatal desatada contra los manifestantes.
El 15 de octubre, durante las protestas en la Plaza San Martín, Luis recibió el impacto de una bomba lacrimógena disparada a corta distancia por la policía. Las imágenes y testimonios recogidos por periodistas muestran claramente cómo la Policía Nacional disparaba estas directamente al cuerpo de manifestantes que ya se estaban retirando pacíficamente de la plaza. Días después no hay responsables identificados. El móvil de Luis ha desaparecido y el Estado se niega a entregar las grabaciones de seguridad.
Este caso no es un hecho aislado. El mismo día se comunicaron decenas de detenciones arbitrarias, uso indiscriminado de gases lacrimógenos en espacios cerrados y ataques directos contra quienes intentaban auxiliar a los heridos.
La clase dominante teme, con razón, que las protestas de la Generación Z sean el preludio de una explosión social mucho más amplia que conecte las luchas juveniles con las de los trabajadores del transporte, del sector público, de las minas y de todos los sectores explotados del país.
La lucha es el único camino
El paro del transporte del 2 de octubre, mostró el enorme potencial de unificación entre las luchas juveniles y las del movimiento obrero. Miles de trabajadores del transporte, junto con estudiantes y delegados sindicales, marcharon al Congreso denunciando a Boluarte como "asesina" y exigiendo mejoras en las condiciones laborales.
La huelga del transporte paralizó gran parte de la actividad económica de Lima y del puerto del Callao. Los enfrentamientos con la policía fueron generalizados, con bloqueos en vías clave como la Panamericana Norte y avenidas en el corazón de Lima.
La juventud ha perdido el miedo y está dispuesta a enfrentarse al régimen corrupto. Esto es fundamental. Pero para paralizar la represión del Estado y cualquier maniobra intentando desviar y desactivar la movilización es necesario construir urgentemente una dirección revolucionaria que dote al movimiento de un programa político claro: nacionalización de los recursos naturales bajo control obrero, expropiación de la banca y las grandes empresas. Es necesario construir comités de estudiantes y trabajadores en cada centro educativo, en cada fábrica, en cada barrio obrero, que coordinen la lucha y preparen una huelga general de 48 horas que paralice completamente el país hasta derrocar a todo el régimen corrupto.
La rebelión de la Generación Z en Perú se produce después de levantamientos en los que la juventud también ha desempeñado un papel clave como los de Nepal o Indonesia. En la propia Latinoamérica estamos viendo luchas masivas y huelgas generales contra otros Gobiernos de derecha y extrema derecha lacayos de EEUU como los de Milei en Argentina o Noboa en Ecuador.
El levantamiento global de masas contra el sionismo, el fascismo y el capitalismo que recorre el mundo también muestran la enorme rabia, fuerza y disposición a luchar que existen. Hay que construir una Izquierda Revolucionaria Internacional para hacer la revolución socialista y acabar con toda la corrupción, violencia y barbarie de este sistema.
¡Fuera Jerí y todo el régimen corrupto!
¡Por una huelga general de 48 horas!
