La lideresa del facherío español —Isabel Díaz Ayuso—   no pierde oportunidad para hacer ostentación de su programa cavernícola. La última en el pleno de la Asamblea de Madrid ha sido con motivo del registro de médicos objetores de conciencia en la sanidad pública y de la carta que Pedro Sánchez envió a la Comunidad de Madrid instándole a su creación en el plazo de tres meses.

En una intervención plagada de despropósitos y con el tono chabacano y grosero que acostumbra, Ayuso afirmó que no haría ningún “registro contra los médicos”, que ella defendería el “derecho a la vida”, a la “integridad física y moral” y acusó a los defensores del derecho al aborto de “poca humanidad”. Por si no fuera suficiente, en un ejercicio de demagogia del que ella es experta exhortó a la bancada izquierda a preguntar a Hamás qué pensaba sobre el derecho al aborto, identificando como seguidores de Hamás a los cientos de miles que nos hemos pronunciado contra el genocidio en Palestina. Para terminar —dijo— “¿les parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado”.

Así es ella y así es la derecha española que lidera. No tienen la menor vergüenza en tratar de disfrazar su ideario retrógrado tras un montón de “derechos y libertades” que ellos sí garantizan supuestamente. Ya sabemos cuáles son. Su hipocresía no tiene fin. Hablar de derecho a la vida cuando defienden el exterminio del pueblo palestino, cuando son responsables del asesinato de 7291 ancianos en residencias durante la pandemia. Hablar de “libertad de los médicos” cuando lo que se niega en la práctica es el derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Es simplemente aberrante.

¿Por qué no se puede abortar en la pública?

Si hay algo que caracteriza a la derecha y la extrema derecha es su misoginia, su desprecio hacia las mujeres y sus continuos ataques a nuestros derechos.

Desde que en 1985 se reconociera por primera vez en el estado español el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, el PP —primero en solitario y ahora de la mano de los ultras de VOX— no ha dejado de dar la batalla por negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Para ello han recurrido a todo tipo de artimañas, entre ellas promover y favorecer la “objeción de conciencia” de los médicos, hasta el punto de que abortar en la sanidad pública resulte una misión prácticamente imposible en muchas provincias. Por supuesto Madrid es una de ellas.

Los datos hablan por sí solos:

Once comunidades, entre ellas Segovia, Cáceres, Guadalajara o Toledo, no notificaron ni un solo aborto entre 2010 y 2020, lo que supuso que miles de mujeres tuvieran que desplazarse cientos de kilómetros porque en sus comunidades se les negó este derecho.

En 2024, casi el 80% de los 106.172 abortos practicados en todo el Estado se llevó a cabo en centros privados. En Extremadura, Ceuta y Melilla el 100% de las interrupciones se realizaron en la sanidad privada; en Andalucía el 99,9%  y en Madrid ¡el 99,5%!

La razón por la que no se realizan apenas abortos en la sanidad pública no es exclusivamente ideológica; también es económica: las clínicas abortivas son un negocio muy lucrativo para la patronal de la sanidad privada. 

Por cierto, en la Comunidad de Madrid de la libertadora Ayuso, los centros de planificación familiar que se crearon en los 80 y los 90 fueron cerrados por el Gobierno regional y es la única comunidad que no financia la píldora del día después ni los métodos anticonceptivos modernos. Será que es pecado.

¿Cómo es posible que cuarenta años después el derecho de la mujer a un aborto seguro, gratuito y en el sistema público sea en la práctica casi inexistente en muchas comunidades? La respuesta es sencilla: las distintas leyes del PSOE, a pesar de sus avances, no han impedido que la Iglesia Católica y la reacción boicoteen activamente el ejercicio de nuestros derechos amparándose en la “objeción de conciencia” de los médicos. ¿Por qué los derechos de las mujeres pueden ser pisoteados de esta forma? Pues si no quieren garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro ¡Que se vayan ellos de la sanidad pública!

No es solo ideología

Pero la razón por la que no se realizan apenas abortos en la sanidad pública no es exclusivamente ideológica; también es económica: las clínicas abortivas son un negocio muy lucrativo para la patronal de la sanidad privada. El mejor ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, abanderada de la privatización de la sanidad pública desde hace tres décadas, que gasta entre 3 y 4,2 millones de euros al año en las derivaciones a la sanidad privada de las interrupciones voluntarias del embarazo que no se realizan en hospitales públicos.

Es más que evidente que la objeción de conciencia de los médicos es un pretexto de las administraciones para seguir hinchando el negocio de la sanidad privada a costa de la pública, del mismo modo que hacen con la educación, la vivienda y todo lo que se les pone por delante. ¡Para llenarle los bolsillos a Quirón y al resto de empresas del sector, ni Ayuso ni el PP tienen ningún dilema moral!

Solo la sanidad pública puede garantizar los derechos de las mujeres

Pedro Sánchez ha anunciado que utilizará todos los medios legales a su alcance y llegará hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para “garantizar los derechos y la dignidad de las mujeres” en Madrid. De nuevo, la ofensiva de la derecha parece situar a la Sánchez y al PSOE en la extrema izquierda, cuando nada más lejos de la realidad. El PSOE ha gobernado durante mucho tiempo el gobierno central y ha tenido oportunidad de legislar, financiar y blindar el derecho al aborto y muchos otros, pero no lo ha hecho. Entre otras cosas, también ellos han sido cómplices del trasvase de dinero público a clínicas privadas de forma constante. Igual que en la educación o en la sanidad, los conciertos privados no han sido una medida extraordinaria para garantizar este derecho en un primer momento, sino una práctica general extendida durante décadas en las que la inversión en medios y en formación en este procedimiento en la pública han estado ausentes. Por supuesto que a los “objetores” no se les ha tocado un pelo y han podido extender la estigmatización y la presión de la reacción sobre los médicos que sí realizaban procedimientos de IVE hasta hacerlos desaparecer prácticamente ¿En serio tenemos que tragarnos que son los tribunales que condenan a Juana Rivas y protegen a violadores los que van a hacer que nuestros derecho al aborto sea efectivo?  

Sabemos que no. La única forma de garantizar el acceso al aborto y la dignidad de las mujeres en Madrid y en todo el Estado pasa, en primer lugar, por prohibir esa supuesta “objeción de conciencia” que solo busca impedir el ejercicio de nuestros derechos. ¡Fuera los objetores de la sanidad pública! Nuestra salud y nuestra seguridad no puede depender de una panda de médicos reaccionarios que no quieren practicar abortos.

Tampoco su inclusión en la Constitución ofrece ninguna garantía. Lo que tiene que hacer el gobierno es acabar de una vez por todas con el negocio de la sanidad privada: nacionalizar la sanidad privada, incluidas las clínicas que practican abortos, y poner todos esos medios y ese personal al servicio de la mayoría de la población. Solo así se podrá asegurar el acceso real y efectivo al aborto en condiciones de igualdad y seguridad.

Si el derecho al aborto se reconoce en el papel es solamente porque lo logramos luchando y luchando es como conseguiremos que se respete en los hechos. Como se ha demostrado en las movilizaciones multitudinarias contra el genocidio en Gaza somos cientos de miles los que en Madrid estamos hartos y hartas de Ayuso, de su sionismo, de su clasismo, de sus privatizaciones, de su fascismo. Hay que organizar toda esa fuerza para que la que se vaya sea ella.